Gestión Procesal y Administrativa

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Jornada de trabajo

Suele ser intensiva de mañana

Días libres

22 hábiles
6 por asuntos particulares

Salario

31.942,59 € bruto anual
14 pagas

Gestión Procesal y Administrativa 2024

 

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Funciones

 

  • Al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa les corresponde  colaborar en la actividad procesal de nivel superior y la realización de tareas procesales propias. Con carácter general, sus funciones son las siguientes:
  • Gestionar la tramitación de los procedimientos.
  • Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a los cuales tendrá capacidad de certificación.
  • Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos, cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que les atribuyan las leyes, salvo que el Secretario Judicial considere necesaria su intervención.
  • Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello a tal efecto, a la autoridad superior.
  • Elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que se refieran.
  • Realizar tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.

 

Requisitos

 

  1. Tener nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea.
  2. Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de
    Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.
  3. Tener dieciseis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
  4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
  5. Habilitación:
    • No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
    • No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado, ni pertenecer al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenten.

 

 

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